Un juez federal ha concedido una suspensión provisional que impide la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF), una decisión que ha generado un amplio debate en México sobre el futuro del sistema judicial del país. Esta medida fue dictada el 13 de septiembre de 2024, y se espera que tenga un impacto significativo en la implementación de una reforma que ha sido objeto de controversia desde su propuesta.
La suspensión fue emitida por el juez segundo de distrito en Colima, a solicitud de la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., que interpuso un juicio de amparo indirecto. La reforma, que fue aprobada por el Senado y respaldada por varios congresos estatales, busca modificar la estructura del Poder Judicial, incluyendo la remoción de más de 1,200 jueces y magistrados, quienes serían reemplazados por sucesores elegidos mediante voto popular. Esta propuesta ha suscitado preocupaciones sobre la posible politización del sistema judicial y su impacto en la independencia de la justicia en México.
La decisión del juez establece que la reforma no podrá ser publicada en el DOF al menos hasta el 11 de octubre, cuando se llevará a cabo una audiencia incidental para evaluar el caso. Este retraso es significativo, ya que la publicación estaba programada para coincidir con el aniversario de la Independencia de México el 15 de septiembre. La suspensión provisional busca evitar que la reforma entre en vigor antes de que se resuelvan los recursos legales pendientes, lo que podría tener consecuencias duraderas para el sistema judicial del país.
La reforma ha sido defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que busca democratizar el sistema judicial y hacerlo más accesible a la ciudadanía. Sin embargo, críticos de la reforma, incluidos expertos en derecho y organizaciones de la sociedad civil, han advertido que la elección popular de jueces podría comprometer la imparcialidad y la eficacia del Poder Judicial. La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) ha expresado su preocupación, señalando que la reforma podría debilitar la autonomía del Poder Judicial y afectar la confianza en las instituciones democráticas.
El debate sobre la reforma judicial se intensifica en un contexto en el que la calificación crediticia de México también está en juego. Agencias de calificación han advertido que la reforma podría erosionar los controles y equilibrios necesarios para mantener la estabilidad económica del país. La incertidumbre generada por esta situación podría afectar la inversión nacional e internacional, así como la confianza de los mercados.
La suspensión provisional otorgada por el juez de Colima es un recordatorio de la importancia de la independencia judicial en una democracia. A medida que se acercan las fechas clave para la audiencia, el futuro de la reforma judicial y su impacto en la justicia en México se mantendrán como temas de discusión cruciales en la esfera pública. La decisión del juez no solo detiene la publicación de la reforma, sino que también abre un espacio para el análisis y la reflexión sobre cómo se debe estructurar el sistema judicial en un país que busca fortalecer su democracia y garantizar el estado de derecho.
