El Estado de México enfrenta un panorama complejo ante el aumento de extorsiones diarias, fenómeno que ha encendido las alertas tanto de autoridades como de la ciudadanía. En los primeros siete meses de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha registrado un repunte en las denuncias por extorsión, con un promedio de ocho casos diarios, lo que refleja la gravedad y persistencia de este delito en la entidad.
De acuerdo con los datos más recientes, durante el periodo de enero a junio de 2025, se han contabilizado más de mil 398 denuncias por extorsión. De estas, el 65% se realizaron a través de llamadas telefónicas o medios digitales, mientras que el resto corresponde a extorsiones presenciales y mediante escritos. Esta tendencia confirma que las modalidades de extorsión se han diversificado, adaptándose a las nuevas tecnologías y aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas.
Modalidades y evolución del delito
La extorsión en el Estado de México no es un fenómeno homogéneo. Existen diversas modalidades que afectan tanto a ciudadanos como a comerciantes y empresarios. Entre las más comunes destacan:
- Extorsión telefónica: Los delincuentes realizan llamadas intimidatorias, muchas veces desde centros penitenciarios, exigiendo dinero a cambio de no hacer daño a la víctima o a su familia.
- Cobro de piso: Grupos criminales exigen pagos periódicos a comerciantes y empresarios para permitirles operar sin ser molestados.
- Extorsión presencial: Individuos o grupos se presentan directamente en los negocios o domicilios para exigir dinero bajo amenazas.
El uso de tecnología ha permitido a los criminales ampliar su alcance y anonimato, dificultando la identificación y detención de los responsables. La Fiscalía ha identificado que una parte importante de las llamadas extorsivas proviene de centros penitenciarios ubicados en otras entidades, como Tamaulipas, Jalisco y Ciudad de México.
Impacto social y económico
El incremento en los casos de extorsión tiene consecuencias devastadoras para la vida cotidiana y la economía local. Comerciantes, empresarios y ciudadanos viven bajo la constante amenaza de perder su patrimonio o incluso su integridad física. Para muchos negocios, especialmente los pequeños y medianos, la extorsión representa una carga insostenible que puede llevar al cierre definitivo de sus puertas.
El temor a represalias y la desconfianza en las autoridades han provocado que un alto porcentaje de víctimas no denuncie estos delitos. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra —casos no denunciados— podría alcanzar hasta el 97%, lo que significa que la magnitud real del problema es mucho mayor que lo reflejado en las estadísticas oficiales.
Respuesta institucional y retos
Frente al aumento de extorsiones, la Fiscalía del Estado de México ha implementado diversas estrategias para combatir este delito. Entre las acciones más destacadas se encuentran:
- Creación de unidades especializadas en la investigación de extorsiones.
- Coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera para desmantelar redes criminales.
- Bloqueo de cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas para extorsionar.
- Operativos en centros penitenciarios para incautar equipos de comunicación.
A pesar de estos esfuerzos, la percepción ciudadana sobre la efectividad de las autoridades sigue siendo baja. Organizaciones civiles han señalado que las fiscalías están rebasadas y que las víctimas enfrentan abandono institucional. La impunidad y la falta de protección real continúan siendo los principales retos para erradicar este delito.
Estrategias nacionales y reformas legales
En respuesta a la crisis, el gobierno federal ha lanzado la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta estrategia contempla:
- Fortalecimiento de las capacidades institucionales para desmantelar redes criminales.
- Capacitación de operadores del número de emergencias 089.
- Solicitud de órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares usados en cárceles.
- Creación de unidades antiextorsión en los estados más afectados.
Además, se ha presentado una iniciativa de reforma constitucional para que la extorsión sea perseguida de oficio y considerada delito grave. Sin embargo, expertos y organizaciones civiles advierten que estas reformas no abordan el origen del problema y que la solución requiere un enfoque más integral, que incluya prevención, protección a las víctimas y combate a la impunidad.
El impacto de la extorsión se refleja en historias como la de comerciantes del centro histórico de Toluca y Ecatepec, quienes han sido obligados a pagar “cuotas” para poder operar. Algunos han optado por cerrar sus negocios ante la imposibilidad de seguir enfrentando las amenazas y las pérdidas económicas.
“Se trabaja toda la vida para que te destruyan la vida”, lamenta un comerciante que, tras años de intimidaciones y asaltos, decidió cerrar el negocio fundado por su abuelo. Este testimonio es solo una muestra del clima de miedo y desesperanza que viven miles de familias mexiquenses.
Estadísticas recientes y comparativas
El Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor número de carpetas de investigación por extorsión, seguido de Guanajuato, Nuevo León y Ciudad de México. En los primeros cinco meses de 2025, el país registró un incremento del 26% en los casos de extorsión en comparación con el mismo periodo del año anterior. Marzo fue el mes con más víctimas, superando los mil casos a nivel nacional.
Aunque las autoridades estatales han reportado una disminución del 18% en las denuncias de extorsión respecto al año anterior, especialistas advierten que la cifra negra y la diversificación de las modalidades delictivas podrían estar ocultando la verdadera dimensión del problema.
Consecuencias para la vida cotidiana
La extorsión no solo afecta la economía, sino también el tejido social. El miedo a ser víctima de este delito ha modificado hábitos y rutinas de miles de personas. Comerciantes han dejado de contestar llamadas desconocidas, han instalado sistemas de seguridad y, en muchos casos, han optado por mudarse o cerrar sus negocios.
El “cobro de piso” se ha normalizado en varias regiones, convirtiéndose en una práctica cotidiana para muchos comerciantes, quienes prefieren pagar para evitar represalias. Esta situación ha generado una sensación de indefensión y resignación entre la población.
El combate a la extorsión en el Estado de México requiere una estrategia integral que vaya más allá de las reformas legales y los operativos policiales. Es fundamental fortalecer la confianza en las instituciones, garantizar la protección de las víctimas y fomentar la denuncia. La colaboración entre sociedad civil, sector empresarial y autoridades es clave para revertir la tendencia al alza de este delito.
Mientras tanto, miles de familias mexiquenses continúan enfrentando el desafío diario de proteger su patrimonio y su integridad ante un delito que, lejos de disminuir, se ha arraigado en la vida cotidiana de la entidad.
El aumento en las extorsiones diarias registrado por la Fiscalía del Estado de México es un reflejo de la compleja realidad de seguridad que enfrenta la entidad. Si bien existen avances en la atención y combate de este delito, la magnitud del problema exige acciones más profundas y coordinadas. La erradicación de la extorsión solo será posible con un enfoque integral que priorice la prevención, la protección a las víctimas y el fortalecimiento de la justicia.
