En una sesión histórica celebrada el 9 de octubre de 2024, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma constitucional que blindará el salario mínimo contra la inflación. Con 124 votos a favor, la iniciativa que modifica el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue turnada a los congresos estatales para su ratificación.
La reforma establece que la fijación anual de los salarios mínimos, tanto generales como profesionales, así como su revisión, nunca podrá estar por debajo de la inflación observada durante el periodo de su vigencia. Esta medida busca garantizar que el poder adquisitivo de los trabajadores no se vea mermado por los efectos de la inflación.
Alcances de la reforma
La modificación constitucional no solo protege el salario mínimo, sino que también establece un piso salarial para ciertos servidores públicos. De acuerdo con el dictamen aprobado, las maestras y maestros de nivel básico de tiempo completo, policías, guardias nacionales, integrantes de las Fuerzas Armadas permanentes, así como médicos y enfermeros, percibirán un salario mensual que no podrá ser inferior al salario promedio registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Este cambio representa un avance significativo en la dignificación de las condiciones laborales de estos servidores públicos, cuya labor es fundamental para el funcionamiento del país. Se estima que el salario base para estos trabajadores será superior a los 16,700 pesos mensuales, lo que supone un incremento considerable para muchos de ellos.
Reacciones y debates en el Senado
La aprobación de la reforma fue celebrada por senadores de distintas bancadas como un paso histórico hacia la justicia laboral. Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, declaró que este día marcaba un hito para las trabajadoras y trabajadores del país, ya que su salario dejará de ser “víctima” de la inflación.
Por su parte, Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que las modificaciones sientan las bases al más alto nivel normativo para mejorar las condiciones laborales a través de salarios dignos. Destacó que esta reforma es una manifestación clara de la consolidación del Estado constitucional de bienestar que México ha venido construyendo desde 2018.
Voces críticas y propuestas adicionales
A pesar del consenso general, algunos legisladores presentaron votos particulares y reservas al dictamen. Senadores del PAN, PRI y PT argumentaron que las modificaciones deberían incluir a otros grupos de trabajadores, como los técnicos de la salud, todos los profesores de nivel básico sin importar su horario, y los policías locales.
Marko Cortés Mendoza, del PAN, expresó su apoyo al incremento del salario mínimo por encima de la inflación, pero criticó que el gobierno “da con una mano y quita con las dos”. Señaló la necesidad de que el Estado mexicano garantice servicios de salud, seguridad y educación de calidad para que los trabajadores no tengan que gastar sus ingresos en cubrir estas necesidades básicas.
Impacto económico y social
La reforma constitucional promete tener un impacto significativo en la economía y el bienestar social del país. Al garantizar que el salario mínimo siempre se mantenga por encima de la inflación, se espera que el poder adquisitivo de los trabajadores se fortalezca con el tiempo.
Waldo Fernández González, del PVEM, resaltó que el salario es un tema central para el bienestar de la población, ya que es la garantía para que todo trabajador pueda mejorar sus condiciones de vida. Por su lado, Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, comentó que los incrementos al salario por encima de la inflación se traducirán en un mayor acceso a educación, ahorro y posibilidad de adquirir vivienda.
Próximos pasos y expectativas
Con la aprobación en el Senado, el proyecto de reforma constitucional ahora pasa a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México para su consideración. Se requiere que la mayoría de los congresos estatales aprueben la reforma para que esta pueda entrar en vigor.
La expectativa es que la reforma sea ratificada por los estados en los próximos meses, lo que permitiría su implementación a partir del próximo año. Esto significaría que los ajustes al salario mínimo para 2025 ya estarían sujetos a esta nueva disposición constitucional.
Retos y consideraciones futuras
Aunque la reforma ha sido ampliamente celebrada, algunos economistas y analistas advierten sobre la necesidad de implementar medidas complementarias para asegurar su éxito. Entre las preocupaciones expresadas se encuentra el potencial impacto en la inflación y en la competitividad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.
Asimismo, se ha señalado la importancia de continuar trabajando en la formalización del empleo y en la mejora de la productividad para que los incrementos salariales sean sostenibles a largo plazo. También se ha mencionado la necesidad de revisar la estructura fiscal para que los aumentos en el salario mínimo no se vean diluidos por una mayor carga impositiva.
La aprobación de esta reforma constitucional marca un momento trascendental en la historia laboral de México. Al establecer un mecanismo que garantiza que el salario mínimo siempre crezca por encima de la inflación, se da un paso significativo hacia la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la dignificación del trabajo.
Sin embargo, el verdadero éxito de esta medida dependerá de su implementación efectiva y de las políticas económicas y sociales que la acompañen. El reto ahora es asegurar que este avance en materia salarial se traduzca en una mejora real y sostenida de las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos, sin comprometer la estabilidad económica del país.
Mientras el proyecto de reforma avanza hacia su ratificación por los congresos estatales, el debate sobre sus implicaciones y alcances continuará. Lo que es innegable es que esta decisión del Senado ha sentado un precedente importante en la lucha por un salario justo y digno para todos los mexicanos.
