El 14 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados de México aprobó una reforma constitucional que amplía el catálogo de delitos que pueden ser castigados con prisión preventiva oficiosa. Esta medida ha suscitado un intenso debate en el Congreso y ha generado reacciones diversas en la sociedad. Con 335 votos a favor y 108 en contra, la reforma fue impulsada principalmente por los partidos Morena, PT y PVEM, mientras que la oposición argumentó que esta decisión representa un retroceso en los derechos humanos y en la presunción de inocencia.
Contexto de la reforma
La prisión preventiva oficiosa es una figura legal que permite a los jueces ordenar el encarcelamiento de una persona sin juicio previo, en casos donde se considera que existe riesgo de fuga o de obstaculización del proceso judicial. Esta medida ha sido objeto de críticas debido a su potencial abuso y a las condiciones en las que se encuentran muchas personas detenidas sin haber sido juzgadas. La reforma aprobada modifica el artículo 19 de la Constitución para incluir nuevos delitos, pero también excluye otros, como el narcomenudeo y la defraudación fiscal.
Delitos incluidos en la reforma
Con esta nueva legislación, se amplían las facultades de los jueces para aplicar la prisión preventiva oficiosa a delitos como:
- Extorsión
- Contrabando
- Uso de comprobantes fiscales falsos
- Actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas
Estas adiciones buscan abordar problemas graves de inseguridad que afectan a diversas comunidades en el país. Durante el debate, varios legisladores defendieron la necesidad de esta reforma como una herramienta crucial para combatir la creciente ola de criminalidad, especialmente en lo que respecta a la extorsión y al tráfico de drogas sintéticas.
Exclusiones significativas
Uno de los aspectos más destacados de esta reforma es la exclusión deliberada del narcomenudeo y la defraudación fiscal del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta decisión fue impulsada por el diputado Ricardo Monreal, quien argumentó que era necesario tratar estos delitos desde una perspectiva más social y menos punitiva. Monreal enfatizó que se busca generar condiciones para una convivencia pacífica y restaurar el tejido social, especialmente entre los jóvenes.
La exclusión del narcomenudeo fue particularmente controvertida, ya que muchos legisladores opositores advirtieron sobre las implicaciones negativas que podría tener esta medida. Argumentaron que permitir el encarcelamiento por narcomenudeo podría llevar a una mayor criminalización de los consumidores de drogas, quienes son frecuentemente considerados víctimas en lugar de delincuentes.
Reacciones políticas
La aprobación de esta reforma ha generado un amplio espectro de reacciones entre los diferentes actores políticos. Los legisladores del partido Morena defendieron la medida como un paso necesario para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa el país. El diputado Leonel Godoy Rangel destacó que era fundamental contar con herramientas legales efectivas para proteger a la sociedad frente a delitos graves.
Por otro lado, los partidos opositores, como el PAN y el PRI, expresaron su preocupación por las posibles violaciones a los derechos humanos que podría acarrear esta reforma. El diputado Fernando Torres Graciano advirtió sobre el riesgo de abuso de autoridad y cómo esta medida podría abrir la puerta a un “terrorismo fiscal”, donde los ciudadanos podrían ser perseguidos injustamente por razones políticas o económicas.
La diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno del PRI enfatizó que “la presunción de inocencia no es un privilegio, es un derecho humano fundamental”. Su intervención reflejó el sentir generalizado entre los opositores respecto al impacto negativo que podría tener esta reforma en personas inocentes acusadas injustamente.
Implicaciones para el sistema judicial
La ampliación de la prisión preventiva oficiosa plantea importantes desafíos para el sistema judicial mexicano. Aunque su objetivo es garantizar que los presuntos delincuentes no evadan la justicia, también existe un riesgo significativo de perpetuar un sistema penal donde muchas personas son encarceladas sin haber sido condenadas previamente. Según datos recientes, cerca del 44% de las personas detenidas en México aún no han sido señaladas como responsables por un juez.
Además, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que este tipo de medidas pueden contribuir a un sistema carcelario ya sobrepoblado y con condiciones inadecuadas. La falta de recursos y personal capacitado en las instituciones penitenciarias agrava aún más esta situación.
Perspectivas futuras
Con la aprobación en la Cámara de Diputados, ahora corresponde al Senado discutir y votar sobre esta reforma. Si se aprueba allí, entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Este proceso legislativo será crucial para determinar cómo se implementarán estas nuevas disposiciones y cómo afectarán tanto a las instituciones encargadas de impartir justicia como a los ciudadanos comunes.
Los próximos pasos incluyen un plazo estipulado para armonizar las leyes locales con estas reformas. Se espera que los estados tengan hasta un año para adecuar sus normativas correspondientes. Esto significa que habrá un período durante el cual tanto las autoridades como los ciudadanos deberán adaptarse a las nuevas realidades legales.
La reciente aprobación para ampliar y endurecer la prisión preventiva oficiosa marca un momento crítico en la política penal mexicana. Mientras algunos celebran este avance como una herramienta necesaria para combatir delitos graves, otros advierten sobre las implicaciones negativas para los derechos humanos y el principio fundamental de presunción de inocencia. A medida que este debate continúa en el Senado y más allá, será esencial monitorear cómo estas decisiones impactan realmente en la seguridad pública y en el respeto por los derechos fundamentales en México.
